EL DNU DE MILEI: ¿SE PODRIA APROBAR O RECHAZAR?

Este primer enfrentamiento entre el Ejecutivo y parte del arco político tiene su epicentro en la cuestionada desregulación económica impulsada por el mandatario ultraderechista. En una muestra de disidencia, varios legisladores han cuestionado la legalidad y la magnitud del DNU, anticipando posibles obstáculos para su aprobación en el Congreso.

La Ley 26.122 establece que un DNU está vigente hasta que ambas Cámaras del Congreso lo rechacen con mayoría absoluta de sus miembros. Ante este panorama, los legisladores se preparan para analizar la medida que, de no ser aprobada por el Congreso, quedaría derogada, salvaguardando los derechos adquiridos durante su vigencia.

El senador radical Martín Lousteau, a través de sus redes sociales, expresó su preocupación por la amplitud del DNU, con 82 páginas y 366 artículos que derogan y modifican numerosas leyes y decretos. Lousteau enfatizó la necesidad de un análisis riguroso en el Congreso para evaluar cada punto de la medida.

Otro que se sumó a las críticas fue el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien señaló que la decisión del Presidente no cumpliría con los requisitos constitucionales. Anunció la realización de un informe detallado sobre la legalidad y la posible violación de derechos constitucionales.

El exvicepresidente y actual diputado Miguel Ángel Pichetto opinó que el uso del DNU no está justificado ni por la necesidad ni por la urgencia, argumentando que muchas de las reformas planteadas deberían ser tratadas por ley, convocando para ello sesiones extraordinarias.

Desde el interbloque Unión por la Patria, el senador José Mayans solicitó la conformación urgente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para analizar el DNU, calificándolo como un «enorme fraude electoral».

En este contexto, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo deberá analizar el DNU y emitir dictamen en un plazo de diez días hábiles, aunque en el pasado no se ha respetado ese plazo. El Congreso está en vilo ante este escenario, donde los actores políticos exhiben marcadas discrepancias sobre la legalidad y la pertinencia del decreto presidencial.