12 julio, 2024
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LA AAJ ARGENTINA CRITICA A MILEI: «NOS PODEMOS CONVERTIR EN UN NARCO-ESTADO»

En una entrevista con Página 12, Claudia Rocca, presidenta de la AAJ Argentina, expresó su preocupación sobre la propuesta del blanqueo, destacando que contradice las recomendaciones del GAFI en programas de cumplimiento tributario voluntario. Según Rocca, el documento presentado al GAFI detalla cómo el blanqueo viola las “mejores prácticas” sugeridas por el organismo internacional.

Rocca advirtió sobre el potencial riesgo de que Argentina se convierta en un narco-estado similar a las experiencias de Colombia y México, donde los grupos delictivos podrían optar por operar en un país con regulaciones más laxas. Esta preocupación surge en un momento crítico, ya que Argentina está a la espera del informe final del GAFI, cuya evaluación podría determinar consecuencias significativas para el país en términos de comercio internacional y acceso a financiamiento.

El Régimen de Regularización de Activos de la Ley Bases propuesto por el gobierno exceptúa de impuestos y sanciones a todos los activos por debajo de 100.000 dólares y aquellos que superen esa cifra pero sean invertidos en el país hasta diciembre de 2025. Si los fondos no son reinvertidos, se aplicará una alícuota escalonada del 5%, 10%, o 15% según el momento de ingreso. Sin embargo, las divisas obtenidas no tienen un destino específico.

La AAJ describe este régimen como una “amnistía impositiva” que favorece a los evasores, permitiéndoles declarar su riqueza oculta a cambio de exenciones de causas judiciales y multas. Además, se cuestiona el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el destino de los recursos nacionales estratégicos, alertando sobre una posible privatización indiscriminada y la disminución del rol regulador del Estado.

La propuesta de Milei también plantea preocupaciones sobre la dilución de controles y sanciones en los sistemas de prevención del lavado de dinero. Según Rocca, la ausencia de coordinación con otras autoridades nacionales y la falta de intercambio de información con otras naciones para mitigar riesgos son puntos críticos que el proyecto no aborda adecuadamente.

El Banco Central es la única autoridad designada para determinar los documentos y requisitos para quienes abran una Cuenta Especial de Regularización de Activos. Esta medida viola el principio de debida diligencia, que obliga a las entidades financieras a verificar el origen de los activos repatriados, facilitando así la impunidad.

El proyecto abarca tanto a residentes como a no residentes, incluidos ex residentes que hayan cambiado su residencia fiscal a jurisdicciones con menor carga tributaria. No obstante, excluye a funcionarios de los últimos cinco años y a sus familiares.

El informe de la AAJ ante el GAFI también critica la política del gobierno en otras áreas, como la prevención del lavado de dinero, la trata de personas y la promoción de la libre portación de armas, argumentando que estas medidas socavan los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales.

Particularmente, Rocca señaló que las nuevas autoridades judiciales han dejado sin efecto normativas de control societario, especialmente para las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). Estas entidades, creadas rápidamente y con escaso control, han sido frecuentemente utilizadas para el lavado de dinero, según estudios realizados tras el gobierno de Macri.

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