El líder libertario Javier Milei expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el PRO en la Cámara de Diputados, que busca retirar la pensión de privilegio y la custodia a funcionarios condenados por delitos durante su función pública. Este proyecto tiene como principal objetivo al ex presidente Alberto Fernández, quien enfrenta un proceso penal en la causa de los seguros y también ha sido denunciado por violencia de género por su ex pareja, Fabiola Yáñez.

«Me encanta la idea», declaró Milei, en referencia a la propuesta. «Desde mi visión, las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma», añadió, citando un tuit del diputado Damián Arabia, uno de los autores del proyecto.

El proyecto en cuestión tiene como finalidad modificar la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias de privilegio para presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema. La modificación propuesta establece que aquellos funcionarios que sean condenados por delitos cometidos durante su ejercicio público quedarán excluidos de este régimen especial, y pasarán a regirse por el régimen general de jubilaciones. Los delitos mencionados incluyen corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público, y delitos contra la integridad sexual, entre otros. Además, se propone la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a quienes sean condenados por violencia de género o violaciones.

Arabia presentó una versión del proyecto que incluye la eliminación de la pensión a partir de un procesamiento judicial, sin incluir el retiro de la custodia. Ambos proyectos están en vías de unificación para ser tratados en las comisiones correspondientes.

De acuerdo con datos de ANSES, la pensión de privilegio que percibe Alberto Fernández como ex presidente asciende a 7 millones de pesos mensuales. El trámite para obtener esta pensión fue iniciado por Fernández en diciembre, tres días después de dejar la Casa Rosada, y fue aprobado por el organismo tres meses después.

El impulso de este proyecto de ley se intensificó tras las denuncias de Fabiola Yáñez, en el contexto de una investigación judicial sobre posibles hechos de corrupción vinculados con seguros durante la presidencia de Fernández. La causa también incluye acusaciones de violencia de género, en las cuales Yáñez describe agresiones y malos tratos sufridos durante su relación con el ex mandatario.

Actualmente, Yáñez se encuentra en proceso de ampliar su denuncia ante el fiscal federal Ramiro González. La justicia deberá decidir si la causa continuará en los tribunales de Comodoro Py o si se trasladará a la jurisdicción de San Isidro, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en la Quinta de Olivos.