14 junio, 2024
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El caso de los «Comedores Fantasma» continua vigente.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ha presentado nueva documentación ante la fiscalía de Ramiro González que podría confirmar el desvío de alimentos destinados a los sectores más vulnerables. La documentación sugiere que algunos comedores comunitarios, beneficiarios de grandes cantidades de alimentos, en realidad no existían. Esta denuncia se suma a las crecientes preocupaciones sobre la corrupción y la gestión ineficaz de recursos destinados a la asistencia social.

En 2023, el Polo Obrero fue el mayor beneficiario de alimentos, recibiendo un total de 4.618 toneladas de las 18.685 toneladas distribuidas por el gobierno. Sin embargo, la inspección realizada por el Ministerio de Capital Humano identificó numerosos comedores “no verificados”, sugiriendo que los alimentos distribuidos podrían no haber llegado a su destino legítimo.

En respuesta a las acusaciones, el Polo Obrero y otras agrupaciones realizaron una conferencia de prensa el 23 de mayo frente al Congreso de la Nación. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, rechazó las acusaciones, presentando planillas de rendición de cuentas que, según él, demostraban la distribución de alimentos a los comedores comunitarios. Belliboni argumentó que las acusaciones eran un intento del gobierno de La Libertad Avanza de criminalizar a las organizaciones populares. Las inspecciones realizadas entre el 7 de febrero y el 17 de mayo revelaron 26 comedores “no verificados”. En algunos casos, los comedores figuraban en direcciones inexistentes o cerradas. Por ejemplo, en La Matanza, dos comedores supuestamente recibieron alimentos en agosto, pero ambos estaban registrados en la misma dirección inexistente. Casos similares se encontraron en Berazategui y otros distritos.

Una auditoría presentada por Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humano, reveló que de los 3.385 comedores relevados, 1.603 (el 47,5%) no existían, mientras que 1.766 (el 52,2%) fueron verificados y actualmente reciben asistencia a través del programa Alimentar Comunidad. Gianni sugirió que durante la gestión de Unión por la Patria, había un plan sistemático para cometer actos de corrupción que afectaron los derechos humanos de los sectores más vulnerables. Desde la Casa Rosada, se sostiene que los alimentos destinados a los más vulnerables fueron utilizados como herramientas de extorsión, una práctica que ya está siendo investigada en la causa del programa Potenciar Trabajo por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. En esta investigación, se ordenó la declaración indagatoria de 23 dirigentes sociales, incluyendo a Eduardo Belliboni y Jerónimo Cantero, por presunta extorsión y el uso de facturas falsas para justificar gastos en rendiciones de cuentas.

El fiscal Ramiro González ha solicitado informes para esclarecer la identidad de los funcionarios responsables de controlar la distribución de alimentos. La investigación busca determinar la participación de funcionarios públicos de la Secretaría de Inclusión Social, la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, y otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Social desde el 2020 hasta diciembre de 2023. Los delitos investigados incluyen «corrupción contra la administración pública» e «incumplimiento de deberes de funcionario público».

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