12 julio, 2024
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Aprobación de la Ley Bases: ¿Y ahora?

A seis meses de haber asumido la presidencia de Argentina, Javier Milei celebró su primer triunfo legislativo significativo con la aprobación de la Ley Bases por parte del Senado. Esta victoria marca un hito para su administración, en medio de un contexto político y social convulso. Sin embargo, este logro no está exento de polémicas y cuestionamientos.

El Senado aprobó la Ley Bases en una votación que se prolongó hasta la madrugada, empatada en 36 votos y decidida finalmente por el voto de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ahora, el paquete legislativo debe regresar a la Cámara de Diputados para una sanción definitiva, ya que se le introdujeron cambios que requieren una nueva discusión. Mientras se debatía dentro del Parlamento, afuera se desarrollaban protestas. Manifestantes arrojaron piedras, botellas y bombas molotov, resultando en enfrentamientos con la policía y decenas de heridos.

Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley Bases es la concesión de facultades extraordinarias al presidente por un año, al declarar la «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética». Esta medida permite a Milei legislar mediante decretos en estos ámbitos sin necesidad de pasar por el Congreso, aunque bajo ciertas limitaciones. Para obtener la aprobación, el gobierno aceptó no intervenir ni disolver ciertos organismos públicos cruciales, como el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Estos compromisos buscan mitigar las preocupaciones sobre un poder excesivo del Ejecutivo.

El RIGI es otro componente central y polémico de la Ley Bases. Este régimen ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para proyectos que superen los 200 millones de dólares, con el objetivo de atraer grandes inversiones a sectores estratégicos como energía, agro, minería e infraestructura. El gobierno defiende esta medida como esencial para dinamizar la economía y atraer capitales. Sin embargo, críticos, incluyendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, advierten que el RIGI favorecerá a las grandes empresas, especialmente multinacionales, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que generan la mayoría del empleo en el país. La oposición teme que esto lleve a una economía extractivista y aumente el desempleo.

La Ley Bases también abre la puerta a la privatización de algunas empresas estatales, aunque de manera mucho más contenida de lo que proponía el proyecto original de Milei. Solo dos empresas, Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa), están sujetas a privatización directa. Otras empresas, como Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa) y los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A., podrían incorporar capital privado bajo concesiones.

Empresas clave como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Aerolíneas Argentinas seguirán siendo estatales, así como los medios públicos. Esta selección moderada refleja un intento de balancear las reformas con la preservación de activos estratégicos del Estado. La Ley Bases incluye una reforma laboral destinada a modernizar el régimen y fomentar el empleo formal privado. Se ofrecen beneficios a empleadores que regularicen a sus trabajadores, pero se eliminan sanciones por trabajo informal, lo que podría desincentivar el cumplimiento de la ley.

Además, se introduce la figura del trabajador independiente con colaboradores, permitiendo contratar hasta cinco personas como «monotributistas». Esta medida, según críticos, podría aumentar la precarización laboral y debilitar los derechos de los trabajadores.

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